Buscar este blog

miércoles, 14 de marzo de 2012

Centros de rehabilitación para personas con discapacidad: monopolios, abusos y estafas

Hay un concepto social que está muy arraigado en el imaginario de los individuos en general, quien posee un centro de rehabilitación sugiere que realiza una "obra de caridad" y no refleja lo que realmente pasa: ganan mucho, demasiado dinero con la atención a las personas con discapacidad. Un equivalente es quien posee un hogar de ancianos, centros de día, etc.
Tengamos en cuenta que sólo existen pocos centros de tratamiento y rehabilitación para personas con discapacidad, pocas obras sociales poseen sus propias instalaciones salvo el sector encargado de los problemas motrices y neurológicos. 
Cuando la rehabilitación necesaria para desarrollar una vida plena en la sociedad requiere no sólo de un aspecto sanitario sino educacional también y son pocas las personas que utilizarían ese servicio, la estructura de las instituciones sindicales y públicas se vuelven insuficientes o no se encuentran contempladas en el presupuesto.
Entonces encontramos centros de rehabilitación en el sector privado , como por ejemplo en el caso de la baja visión que sólo hay uno (el de Fabiana Mon, llamado Grupo CRE), donde en su carácter de capital particular puede decidir qué chicos atiende o con cuál obra social trabaja. En el caso particular de esta profesora, sólo trabaja con obras sociales sindicales y prepagas, al intentar ingresar con Pro Fe (todos sabemos que es la obra social de la discapacidad) tiene requisitos bastante ilegales y fraudulentos, por ejemplo, un afiliado de Pro Fe debe llevar su propia resma de papel, un tonner nuevo, cuatro CD regrabables (que nunca usan), un pen drive nuevo (no se aceptan los usados por los padres, tíos, abuelos, etc.), la maestra integradora no adapta el material (los materiales tendrían sentido si las ampliaciones las hiciera el centro), no dice qué letra usar, qué contraste necesita, qué marcador o lápiz es mejor y lo más grave es que para demostrar buena fe, los padres deben abonar $ 200 por mes hasta que Pro Fe les acredite el pago.
¡Qué increíble! Porque tampoco es que uno está disconforme con su metodología y puede elegir a otro prestador ¡es la única en baja visión!, las obras sociales no tienen más alternativa que pagarle porque es obligatorio para ellos brindarle lo necesario a su paciente. Como Fabiana Mon lo sabe, puede hacer lo que quiera tanto con las obras sociales como con los pacientes.
Ella no aclara a las familias que no es obligatorio estar integrado, que es un derecho.
Es cierto que, en los casos que su Instituto cobre lo que ella dispone sin tener que darle demasiadas explicaciones a Ministerio de Salud, hacen un trabajo de mediar entre las familias y las "escuelas comunes", donde la maestra integradora le explicaría a la maestra del aula qué cosas puede o no hacer el alumno.
En mi caso particular, el grupo CRE intentaba limitar a mi hijo y fue la "escuela común" quien lo incentivó. El discurso era referente a los mapas, la integración decía que no tenía sentido hacerlos con detalles porque no los llegaba a ver. Cosa que no es cierto.
El tema de la discapacidad es delicado, tenemos que tener en cuenta que si bien varias personas pueden tener la misma patología, no se les manifiesta del mismo modo y si el centro terapéutico no tiene ganas o voluntad de trabajar en el caso particular, todo se vuelve engorroso.
Este tipo de centros deberían tener una regulación como tienen las tabacaleras, los servicios públicos en manos privadas, las petroleras, los medios de transporte y todos los monopolios que rigen en el mundo, ya que si no se tiene la alternativa de prescindir de ellos y es sumamente necesarios sus servicios, deberían obligar a este sector a aceptar todas las obras sociales (en especial Pro Fe) y hacerles dar cuenta que no están haciendo una obra de caridad y no actúan de buena fe porque si no, no pedirían una especie de "seguro contra Pro Fe".
Confío que la sociedad va a poder sancionar estas actitudes monopólicas, abusivas y estafadoras.