Es increíble y penoso llegar a la conclusión que la discapacidad es un negocio rentable.
La realidad es que hay una diferencia muy grande entre realizar una tarea para vivir y lucrar con la desesperación y la necesidad de una persona.
¿Dónde radica la línea divisoria? Podemos verla en ejemplos que podrían suceder en la vida cotidiana, como si existieran dos panaderías para abastecer a 100 personas, entenderían su poder y podrían darle el valor que se les diera la gana. Ese es el concepto de poder en el mercado, hay poca oferta y una demanda excesiva de un bien o producto que se considera de necesidad básica. Entonces el Estado regula el precio para que los productores no abusen de su poderío y la gente acceda a obtener el producto.
Con la discapacidad, y me centro en la baja visión, pasa algo por el estilo. El profesorado no tiene una cantidad de alumnos como para generar una oferta de servicio amplia y eso lleva a que se reduzcan a pocas alternativas pero ¿qué pasa con las personas que requieren esa prestación? Se entiende que es de suma necesidad ya que se trata de la herramienta fundamental para la inserción igualitaria de una persona con una "desventaja" en una sociedad que se mueve a un ritmo vertiginoso.
La cuestión es que tenemos pocas ofertas de servicios, malas políticas que regulan a medias o directamente no lo hacen, pero nadie es capaz de entender que no es posible una integración adecuada sin el trabajo que articule esa tarea.
Hay personas que cuentan con una estructura familiar que permite prescindir de tal requerimiento pero la mayoría debe someterse a tratos desfavorables porque tienen que elegir entre comida o educación.
¿Qué hace el Estado para regularizar esta situación? Si bien se habla de un sistema nomenclador y hay pocas escuelas públicas que sirven para esta causa, no dan abasto en función de la cantidad de población y las diferentes necesidades dentro de una misma discapacidad ¿dónde está la normativa que obliga a los prestadores a dar el servicio? Y no lo digo en el sugiriendo que trabajen ad honorem, sino que el Estado debería garantizar las ganancias de los prestadores otorgándo un sistema donde el Gobierno sea quien se haga cargo de las costas y dejar de lado las Obras Sociales.
Otra vez interviene Pro Fe ya que no pagan a tiempo, los prestadores se niegan a trabajar con ellos, la persona se queda sin el beneficio y como es estatal no hay a quién reclamar. Es triste, nadie presta atención.
Como es una porción reducida de los votantes tampoco hacen demasiado por atender sus necesidades y si lo hacen, lo ventilan como si fuera caridad.
Estoy cansada de las maniobras abusivas del Estado que confabula con los prestadores monopólicos a costas de la salud y el bienestar de los más necesitados.
