PROFE sigue negando asistencia

Es increíble, hoy haciendo un trámite en Tacuarí 378, sede de PROFE, me avisaron que sólo se trataba de un programa que otorga asistencia básica pero ¿qué comprende tal modalidad?
El asunto es el siguiente: las obras sociales deben hacerse cargo de todo lo necesario para una persona con discapacidad y eso comprende salud, educación y cualquier objeto que sea recetado por el profesional competente. En el caso de los niños lo fundamental para desarrollarse es la escuela y para poder incorporar los conocimientos los chicos con discapacidad necesitan la asistencia de profesores especializados en su problemática, terapistas ocupacionales, rehabilitadores, etc.
Por la problemática de mi hijo solicitaron una maestra integradora, la pediatra de cabecera firmó la orden para solicitarla pero cuando llegué a la sede de Tacuarí de PROFE me dijeron que como el nene va a una escuela pública debe cubrirlo Ministerio de Educación y no ellos por lo que no sería evaluado por el resto de los profesionales de baja visión.
Cuando le expliqué a la chica, que se negó a darme las cosas por escrito y mucho menos mencionó su nombre, que en realidad Educación cubre mediante las escuelas especiales a los chicos sin obra social me explicó que sólo le darían la maestra integradora en el caso que desde la escuela negaran la integración y que el programa no era una obra social sino un programa "que cubre las necesidades básicas" ahora, cómo puede ser que la escolaridad primaria no sea una necesidad básica para un nene de 8 años.
Por otro lado nos dieron una crema, en la farmacia estuvimos esperando 4 hora ser atendidos, ¡Cuatro horas! ¿Cómo puede ser que haya sólo una farmacia para atender a todas las personas? ¿Qué pasaría si OSDE decidiera hacer lo mismo?
¿Por qué desde el Estado no toman una política seria para protección?
La solución a tal problema es sumamente fácil: Los beneficiarios deben tener el derecho de elegir quiénes asegurarán su futuro sanitario y no debe ser impuesto por una política estatal que permite que muchos empleados públicos nieguen prestaciones para llenar sus bolsillos de ganancias.
Es una vergüenza que personas ancianas y discapacitadas tengan que esperar cuatro horas en la farmacia, no puedan acceder a sus medicamentos a menos que se acerquen a la única farmacia que tiene convenio y menos que menos poder acercarse a las prestaciones escenciales que necesitan para poder desarrollarse.
Es imperante que la política de estado cambie para poder democratizar la accesibilidad a la salud de los más necesitados.